Desde el 1 de junio, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un cambio en el protocolo de realojo temporal por pérdida de vivienda, coincidiendo con la temporada alta turística. Un movimiento que los Sindicatos y Grupos de Vivienda de Sants, Gràcia, Poble Sec, Nou Barris y Les Corts vemos con preocupación: no sólo por su ineficacia ante los problemas estructurales que causan la pérdida del hogar sino por la posible desresponsabilización por parte del Ayuntamiento del PSC de la grave crisis que vivimos.
Después de mantener una segunda reunión el pasado 4 de junio con los responsables de la gestión de los realojos de urgencias del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, dirigida por Maria Eugenia Gay Rosell, hemos constatado la falta de voluntad de mejorar las condiciones de vida de las personas que han perdido su vivienda.
Los responsables del departamento de Urgencias y Emergencias Sociales, del departamento de coordinación de los CSS y relación con territorio y el Gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, han dejado muy claro el completo colapso en el que se encuentran los servicios de realojamiento temporal. En la actualidad, existe incluso lista de espera para acceder a hostales y pensiones y las familias están siendo realojadas en ciudades fuera de Barcelona, como Sabadell o Cerdanyola del Vallès.
El protocolo, explican, no da respuesta a los problemas estructurales del mercado inmobiliario y que, para hacer frente, se necesitan otros recursos y estrategias, pero el PSC no ha hecho ni una sola propuesta encarada a evitar la expulsión sistemática de las vecinas de sus casas. En una ciudad que tiene más de 75 mil viviendas vacías, que en el 2023 sufrió 3,5 desahucios diarios y donde una media mensual de 3.000 personas vivía en habitaciones de hostal, donde el Ayuntamiento también desahucia a muchas familias y donde el 45 % de la población vive con unos ingresos por debajo de lo que necesita para vivir con dignidad.
Asimismo, vemos cómo el Ayuntamiento de Barcelona tiene una fijación al quitarse la responsabilidad de esta crisis de grandes dimensiones e insiste en que la responsabilidad de vivienda es de la Generalitat. Un mantra que reiteran aunque en el artículo 58.3 de la Carta Municipal de Barcelona se especifique que el Ayuntamiento puede promover actividades y prestar servicios públicos que afecten al interés general. ¿O es que la gestión de la crisis de vivienda no es de interés general?
Un mismo argumento que utilizan para justificar la falta de viviendas del parque de alquiler social, pero casualmente no parecen dispuestos a utilizar la expropiación de viviendas que han estado desocupadas de forma permanente e injustificada durante más de dos años que permite la Ley 1/2022.
Mucho ha llovido desde la primera acción que los diversos sindicatos hicimos en febrero. Por un lado, y lo más importante, de las 12 compañeras afectadas que expusimos en la primera reunión con el IMSS en marzo, sólo dos han logrado un realojo en el barrio y en mejores condiciones, teniendo en cuenta que un hostal no nunca es una solución digna. El resto o bien han sido realojadas en condiciones similares o bien siguen en el mismo sitio y sin mejorar su situación. Somos plenamente conscientes de que estas reuniones sólo hacen que alargar la situación de las compañeras que viven en estos hostales y, por tanto, si su intención es darnos largas con respuestas evitativas, no dudaremos en volver a pasar a la acción.
La situación de nuestras compañeras, y muy probablemente de todo el resto de personas que se encuentran en estos alojamientos, no sólo sigue igual, sino que para algunas también ha empeorado. Las que denunciaron en prensa su situación han recibido amenazas e incluso traslados aún más lejos del barrio bajo pretextos de “mala convivencia”. Muchas de ellas se encuentran alojadas en hostales de Sociohabitatge, empresa que también ha coaccionado y represaliado a trabajadoras organizadas con la CGT y donde se ha demostrado dejadez, insalubridad y negligencias; agravándose aún más el clima de miedo e inseguridad que implica vivir en estos centros. Unas represalias que pretenden desmovilizar y desorganizar a las compañeras: si nadie puede alzar la voz, el problema deja de ser visible.
Además, el nuevo protocolo de alojamientos temporales vuelve a responsabilizar a las familias de su situación y, al mismo tiempo, utiliza a las trabajadoras de Servicios Sociales como policías para asegurarse de que, de verdad, la familia no puede pagar un alquiler en el barrio donde tiene toda su vida. Las compañeras que vienen de desahucios, ya estaban en una situación precaria antes. En quince días no saldrán de la pobreza. Ni en dos meses ni en seis. La vulnerabilidad que sufren no es individual, es endémica, sistemática y generalizada. Es la consecuencia directa de leyes y políticas que precarizan la vida y vulneran derechos laborales y vivienda. Impulsadas por políticos, ejecutadas por jueces y aplaudidas por empresarios, rentistas y especuladores.
Por años de experiencia, ya sabemos que ni políticos ni rentistas harán absolutamente nada por mejorar la vida de la clase trabajadora. Sabemos también que sólo las vecinas organizadas hemos conseguido mejoras, quedarnos en nuestra casa, en nuestros barrios, impedir que nos pisen. Hemos visto de sobra cómo el gran cambio que venía a instaurar el PSC en Barcelona es el de esconder la pobreza continuamente y llevarla muy lejos para que los grandes magnates de la Copa América, los inversores inmobiliarios, los expats y los turistas no puedan ver que en esta ciudad hay miseria en cada esquina y ellos son los culpables. Un Plan Endreça a todos los niveles y en todas sus políticas. Os avisamos: ante las represalias y las promesas hechas de humo, continuaremos organizadas y levantando la voz.
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