En …………………………. , a ……….  de …………. de 20

A LA ENTIDAD …………………………………………..

D/DÑA …………………………………………..… ,mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en

…………………………………………………. vecina de …………………………………….., provista de NIF/DNI

……………………………………………….. comparece ante este servicio y, de la mejor forma, procede a

DECLARAR:

1.	Que Don/Doña ……………………………………………….….., reside en el inmueble de

…………………………………………………, zona de ………………………….…………..en la ciudad de

…………………….. 

2.	Que carecen de alternativa habitacional que se encuentra dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial fijados por el artículo 5.10 de la Ley 24/2015, del 29 de Julio de Medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

3.	Que están dispuestos a firmar un contrato de alquiler social con la entidad bancaria de acuerdo a sus posibilidades económicas y los parámetros establecidos en la precitada Ley 24/2015:
•	Máximo 10%, 12% o 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, según IRSC.
•	Mínimo de 3 años.

•	Acreditación de S.S.

4.	Que la situación familiar es totalmente precaria, con …. hijos a cargo / personas dependientes o a su cargo, lo que supone una situación de extrema necesidad.

Las entidades financieras acumulan enormes activos inmobiliarios que, sin embargo, no se ponen a disposición de las personas que los necesitan. Esta situación contradice la función social de la vivienda y la definición de Estado Social y Democrático de Derecho que prescribe la Constitución Española, así como el derecho a una vivienda digna para todos, la prohibición de la especulación, la función social de la propiedad y la subordinación de la riqueza al interés general (arts. 47, 33.2 y 128).

Para las personas que se encuentran sin vivienda, también se vulneran derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1977, suscrito por el Estado español.

Algunas prácticas protagonizadas por bancos, empresas financieras e inmobiliarias, e incluso instituciones públicas, tienen mucho que ver con esta vulneración de los derechos fundamentales que impiden o dificultan el acceso a bienes de primera necesidad. Además, las entidades bancarias, tienen una importante responsabilidad en la generación de la crisis económica que atraviesa España. A pesar de ello, muchas entidades han obtenido ayudas públicas, altamente impopulares, para asegurar su viabilidad, y que ahora han de ser corresponsables de la situación de emergencia social y habitacional de la población.

Por lo que, SE SOLICITA:

Primero: Que, como solicitud principal, a resultas de la situación de extremada vulnerabilidad del núcleo familiar se proceda a formalizar un contrato de, como mínimo, de 3 años de alquiler, a un precio que no supere el 10%, 12% o 18% de los ingresos de la unidad familiar, según IRS C . Para
facilitar la tramitación de esta medida, esta parte garantiza poder aportar cuanta documentación sea necesaria y requerida por esta entidad.

Segundo: Que la decisión tomada por su entidad sea comunicada por escrito y en un plazo breve a la dirección arriba indicada a efectos de notificaciones.

Atentamente,

FDO.